Este proceso, que no es otra cosa que un modo de recaudar dinero a corto plazo, pero no de asegurar la tan cacareada eficiencia para la ciudadanía, ya que muchas zonas de España están sin ferrocarril, o lo tienen precario y a punto de ser cerrado por falta de mantenimiento, es un error político a medio plazo, pero servirá para apuntarse un tanto político respecto al déficit presupuestario anual.
CCOO sí ha expresado continuamente, con datos, la inoportunidad de este proceso, que, además, tendrá repercusiones negativas sobre el empleo de las empresas públicas, que deberán prescindir de personal y de las empresas privadas que compitan, que crearán puestos y condiciones laborales precarias.
Por tanto, CCOO ha pedido al ministerio de Fomento que abandone o retrase al máximo este proceso. Y seguirá insistiendo con el apoyo de los trabajadores/as.
La defensa de los puestos de trabajo y de los salarios es prioritaria, junto con la creación de empleo de calidad que asegure unas empresas públicas fuertes y con futuro, y evite unas empresas privadas con márgenes de beneficio a costa de la precariedad y no alcanzar los niveles de seguridad necesarios.
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