La
crisis financiera que estalló en 2007 y se trasladó al conjunto de economías
avanzadas y con particular complejidad a la zona euro, se ha cobrado una víctima
en Euskadi y en el conjunto del Estado: las cajas de ahorro. La banca
tradicional buscaba la pieza de un modelo de entidades que venían cubriendo
segmentos de la actividad con especial relevancia social: crédito a pymes y
familias, inversión en economía productiva, retorno social a través de las obras
sociales. Todo ello con un sistema de gobierno corporativo que. lejos de ser
público (los equipos directivos han ostentado la gerencia real de las cajas), sí
tenía un nivel de participación social muy superior al de los bancos
tradicionales. Las consecuencias del cambio se verán con el tiempo,
probablemente en forma de exclusión financiera y concentración del sector en
forma semi-oligopolista.
La nefasta gestión de algunas de esas cajas, expuestas a riesgos
sistémicos por su papel en el impulso de la burbuja inmobiliaria, desvaríos
políticos varios y dificultades de capitalización, ha sido la coartada perfecta
para el proceso de demolición controlado. Resulta reprobable que no se hayan
establecido soluciones diversas para entidades diversas. Las cajas vascas
mantenían y mantienen una aseada situación económica. Prueba empírica de que no
era la forma
caja el problema, sino la gestión de las mismas. Pero el café para todos ha
sido un hecho, porque de fondo la reestructuración del sistema financiero
español se ha dado desde posiciones de poder, dentro y fuera del
Estado.
Durante todo aquel proceso, CCOO, casi en solitario, denunció que
se estaba utilizando de forma ventajista la necesidad de viabilidad y
capitalización de las cajas para desfigurar su naturaleza. Demasiado solos
entonces, hemos seguido trabajando para defender el control y retorno social,
las condiciones laborales y la implicación en la economía
productiva.
En el caso que nos atañe, nos encontramos con un proceso de fusión
fría pactado en el año 2011 con el concurso de todas las grandes corrientes
políticas del país. En esa fusión se transfirió la actividad financiera de las
cajas a Kutxabank, una sociedad anónima con un accionariado.
CCOO renunció en su día a estar en cualquier terna para proponer a
nadie en el consejo de Kutxabank e instó a las cajas a llegar a un acuerdo que
recogiera la pluralidad del país. Así fue en gran medida, suscribiéndose el
acuerdo desde PNV, PSE, PP y Bildu, refrendado en las tres cajas, la última de
ellas Kutxa con el 91% de votos de la asamblea.
En el contrato de fusión que alumbró Kutxabank se hacía una reseña
relevante: “manifiestan las cajas su firme intención de mantener la propiedad
del 100% de las acciones de la Sociedad Central (Kutxabank) para preservar la
esencia de las Cajas”. Eso sí, como no puede ser de otro modo incluía una
salvedad: “salvo que la operación viniera exigida por cualquier normativa
aplicable o por un Organismo o Administración competente”. Esa normativa
aplicable llegó. La Ley 26/2013 que regula las Cajas de Ahorro y fundaciones
bancarias, aprobada por el PP y el PNV, este tras incluir algunas enmiendas,
recoge dos elementos centrales y objeto de la actual polémica.
El primero es la necesaria conversión antes de fin de año de las
cajas en fundaciones bancarias. Esto se hará bien por la decisión de las propias
kutxas o bien con intervención externa que determinaría el patronato y los
estatutos de la fundación. Si no lo hicieran, sus órganos de gobierno serían
disueltos, incurrirían en una infracción muy grave y el Banco de España les
retiraría la ficha para operar como entidad crediticia.
Por otro lado, la Ley hace otra previsión. Si alguna fundación
bancaria posee más del 50% del accionariado del banco, éste deberá establecer un
fondo de reserva que fijará el Banco de España por ahora y quizás, si hacemos
caso a Durao Barroso, pronto el Banco Central Europeo. Este fondo, en función de
su cuantía, puede lastrar la situación de Kutxabank y por tanto su dotación de
la obra social, el convenio colectivo, su capacidad prestataria
etc.
En este contexto, CCOO ha planteado la necesidad de llegar a
acuerdos que garanticen en todo lo posible el control social de las entidades,
tanto Kutxabank como las fundaciones, y el compromiso sobre la obra social. No
hemos compartido el proceso de negociación precipitado que dio lugar a las
decisiones de los consejos de BBK y Vital para la conversión en fundaciones. De
ahí nuestra abstención y posterior presentación de un documento en el consejo de
BBK (ya aprobado) así como en la futura asamblea de Vital. Creemos que ese
documento debiera ser una percha para conciliar una voluntad de todas las partes
y en varios sentidos. La composición de los patronatos debe recoger la
pluralidad social del país.
En cuanto al accionariado, hemos acordado que se apueste por
mantener la actual estructura accionarial. En caso de que no hubiera otro
remedio que proceder a una desinversión o ampliación de capital (para evitar
males mayores por exigencia del regulador financiero que puedan, por ejemplo,
estrangular la obra social) son necesarios compromisos políticos e
institucionales que garanticen el control social o público. Herramientas habría
si las instituciones tomasen la decisión política. Las propias EPSVs, siempre
desde su autonomía de decisión, y garantizando seguridad y rentabilidad, podrían
jugar un papel, dentro de un gran acuerdo evidentemente.
La posición de CCOO en los próximos meses (no olvidemos que queda
por resolver la conversión de Kutxa en fundación), irá orientada a lograr los
compromisos efectivos y amplios. Control social, garantía en la obra social,
entidad vinculada a las necesidades productivas del país, condiciones
laborales.
Lo que no vamos a hacer es dar pábulo a demagogias. Debiera
saberse que la propuesta que desde algunos ámbitos sindicales (ELA, LAB) se está
trasladando a los agentes políticos consiste en trocear al banco en pequeñas
cajas para sortear así la aplicación de la Ley (la obligación de conversión en
fundaciones opera, por ahora, para las que tengan más de 10.000 millones en
activos, mientras que Kutxabank superaba los 75.000 millones en el momento de su
creación). Sin duda, una propuesta que aplaudiría la banca española e
internacional, pues debilitaría de tal manera la entidad que se abriría un nicho
de negocio precisamente a quienes promovieron el desmontaje de las cajas de
ahorro.
Supondría un debilitamiento de las obras sociales, un fuerte
ajuste de empleo en el banco y fuera del banco y un proceso de desinversión en
la economía real vasca con efectos graves, cuando aún hay serias restricciones
de crédito. Las cooperativas de crédito o la banca
ética son iniciativas plausibles que de hecho cuentan con nuestro aprecio y
apoyo, pero obviamente no pueden ser la salida para una entidad como
Kutxabank.
Hace tiempo que ELA y el “cuanto peor, mejor”, juega a una
estrategia de hacer de lobby sobre el PNV y situar en dificultades a LAB y a
Bildu cuando tengan que asumir su responsabilidad en Kutxa y luego, como en
2011, decir “donde dije digo, digo Diego”. Hay cosas muy serias en juego y si se
piden acuerdos hay que tomarse las cosas en serio y en tiempo. No tarde y sin
márgenes.
CCOO va a utilizar la fortaleza que nos da ser el sindicato más
representativo de Kutxabank y nuestra capacidad de influencia en las
candidaturas sociales, con las que venimos trabajando, para situar el mayor
nivel de garantía en la defensa de una entidad financiera con una dimensión
social.
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